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Con toma del INPI por indígenas otomíes, suman 3 edificios federales ocupados

Tres edificios de instituciones nacionales  han sido tomados en los últimos meses por personas inconformes con la actuación de los organismos en los temas que les corresponden. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 17 de febrero; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 4 de septiembre; y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), desde el pasado 12 de octubre.

En los tres casos, las autoridades han publicado comunicados asegurando que están abiertas al diálogo. Y también en los tres casos, los inconformes se han quejado de que esos comunicados solo aparecen en internet, pero los titulares de las dependencias no se paran ahí a escucharlos ni demuestran un compromiso real para atender sus demandas. Por lo que no han anunciado que tengan intenciones de moverse.

La toma más reciente ocurrió el pasado 12 de octubre, en el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América.

“Es el momento de alzar la voz y de no quedarnos callados. 528 años nos han oprimido, nos han despojado, como para dejarnos otros 528 años más”, dice Maricela Mejía junto a otras cuatro mujeres otomíes que toman el rol de voceras en el primer piso de las instalaciones vacías del INPI.

Son más de 100 personas —incluyendo alrededor de 30 niñas y niños— que se presentan como indígenas originarias de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, pero residentes en la Ciudad de México desde hace más de 20 años.

Y durante 20 años su reclamo ha sido tener acceso a una vivienda digna. Han vivido hacinados, sin servicios básicos y entre escombros en cuatro predios abandonados de la Ciudad, ubicados en la calle de Zacatecas 74 y Guanajuato 200, en la Colonia Roma; Avenida Zaragoza 1434, por Pantitlán; y Roma 18, en la Juárez. Este último fue abandonado desde el terremoto de 1985, pero el de 2017 lo volvió inhabitable y los expulsó a montar un campamento en plena calle, que el año pasado fue desalojado sin que se cumpliera la eterna promesa de regularizar su situación.

Por ello, explican ahora entre los pasillos del INPI, después de seis meses de estar más expuestos que el resto de la población a la pandemia de COVID-19, sin agua ni servicios básicos para mantener la higiene, sin poder tampoco vender sus artesanías para mantenerse, mientras los edificios de oficinas siguen semivacíos, decidieron venir a instalarse aquí, en la sede de este organismo que, dicen, no los representa en este gobierno como no los ha representado en los anteriores, pero que ahora sí será de verdad su casa.

No han ocupado los seis pisos ni han querido exhibir lo que han encontrado, pero hablan de quesos, botellas de tequila y muchas artesanías y fotos de indígenas que son solo de adorno. Se están quedando únicamente en el primer piso y la planta baja, que ya lucen tapizados de carteles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con quien dicen que llevan cuatro años “caminando juntos” para ver si organizados logran ser escuchados.

Por eso, la expropiación de los predios en los que han vivido por décadas no es su única demanda. Por eso no se enfocaron ya en acudir a las autoridades de la Ciudad de México, que cada cambio de gobierno les han prometido que sí van a solucionar la situación y los han hecho llevar nuevamente documentos, quejas, pruebas, sin que después pase nada.

Por eso ahora han venido directamente a una institución federal, y suman a sus demandas que por fin se cumplan, a casi un cuarto de siglo de firmados en Chiapas, los Acuerdos de San Andrés, para reconocer la autonomía y derechos de los pueblos originarios. Que se hagan consultas indígenas reales para los megaproyectos del actual gobierno, contra los que se oponen: el Tren Maya, en el sureste; el Proyecto Integral Morelos, que incluye una termoeléctrica; y los proyectos de infraestructura logística en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Cuestionadas sobre si hay mejoría o no con este gobierno, que inició reivindicando los pueblos indígenas en una ceremonia de entrega de bastón de mando, contestan que ahora están peor.

“Peña era un ladrón y hubo la desaparición de estudiantes, de Ayotzinapa, lo sabemos y lo señalamos. Pero realmente cuando entra López Obrador, que se declaró de izquierda, yo digo que no es mi presidente, no voté por él, recibió el bastón de mando no por mi comunidad, no fue por mi pueblo, porque cuando Morena entra, ni al año que entran mandan a reprimir a Roma 18. Entonces ahí vimos la imposición del gobierno. Nosotros ya vimos cómo era eso de la cuarta transformación, eso de que primero los pobres, sí: los primeros golpeados, primeros en los saqueos”, lamenta Mejía.

Autoridades ofrecen diálogo, pero no se presentan

El INPI publicó el jueves, a cuatro días de la toma, un comunicado diciendo que se ofrecía a los inconformes una reunión personal con el titular del Instituto, Adelfo Regino Montes. Pero los otomíes dicen que ni el lunes que entraron al edificio ni el resto de días se ha presentado a tratar de hablar con ellos.

Comunicación Social informó que se está planteando una mesa de trabajo a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Este miércoles el organismo publicó otro comunicado sobre una reunión de Montes con otra organización de 45 grupos distintos de indígenas, en el que presumió el respaldo que le dieron y que incluso esos grupos hicieron un llamado a los otros, los que están en el edificio tomado, para que haya diálogo.

En un estancamiento similar está la toma de la CNDH, que lleva ya mes y medio. El 15 de octubre fue el último comunicado del tema publicado por la dependencia, que se ofrece “abierta al diálogo para la construcción de acuerdos” con el Frente Nacional Ni Una Menos, el colectivo encabezado por Yesenia Zamudio que abandonó las instalaciones luego de un par de semanas, y con el Bloque Negro, que es quien continúa al interior.

“Para la Comisión Nacional resulta muy preocupante los riesgos en los que se pueden encontrar las personas en el inmueble por sus condiciones peculiares y sin la regulación correspondiente, considerando la presencia de niñas, niños y adolescentes”, señaló, sin especificar si se han cumplido las demandas que las chicas plantearon en un pliego petitorio, entre los que estaba la instalación de regaderas y la garantía de un espacio de refugio de madres de víctimas de feminicidio.

Actualmente, dentro del inmueble y en la calle, que permanece cerrada al tránsito vehicular, hay actividades culturales los fines de semana, trueque de productos, y por internet se están vendiendo copias impresas del cuadro de Francisco I. Madero que fue intervenido por la hija de Érika Hernández, una menor abusada sexualmente cuyo agresor está libre.

Mientras tanto, la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, que despachaba ahí, utiliza otras sedes de la Comisión o un módulo móvil instalado en la Alameda, según informó Comunicación Social.

La toma que podría estar más cerca de resolverse es la del vestíbulo de la CEAV, que lleva más de ocho meses. Ahí los empleados han podido seguir entrando y saliendo a los pisos superiores, y las víctimas se quejaron de que incluso rodeaban la cuadra cuando tenían que ir a otro edificio vecino, con tal de no darles la cara.

La clave ahí fue una recomendación que emitió a su favor la CNDH el pasado 14 de septiembre en la que les dio la razón respecto a que sufrieron malos tratos al iniciar la ocupación, y pidió al organismo que reconozca el carácter de víctimas federales de quienes todavía no están en el Registro Nacional de Víctimas, para poder recibir atención de esa institución.

Fuentes de la CEAV comentaron que ya hay reuniones para el cumplimiento de los puntos, se dará el registro adecuado a las personas que no lo tenían, y se negocia una compensación con cada víctima.

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