Proponen reforma constitucional para contrataciones en México

En aras de que las contrataciones en México mejoren y que se mitiguen riesgos de corrupción y conflictos de interés, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas propusieron una reforma constitucional para crear una Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Esta iniciativa de reforma fue presentada este lunes por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en su labor de abogacía de la competencia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Transparencia Mexicana (TM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa.

La propuesta se centra en seis puntos centrales que son el desarrollo y creación de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y el Instituto Nacional de Contrataciones Públicas para sustituir a CompraNet.

Otro es establecer mecanismos para la evaluación de riesgos de corrupción en el proceso de compra, así como para la identificación y prevención de posibles conflictos de interés, al integrar al sistema de compras con las declaraciones patrimoniales.

También; fortalecer las reglas para la planeación de las contrataciones públicas; limitar las causales para entregar contratos de forma directa, y se sanciona con inhabilitación, hasta por cinco años, a empresas que se coludan en concursos públicos.

Además, aumentar controles para las “contrataciones de gran magnitud” y conceder mayor plazo para la investigación de mercado y presentación de ofertas.

En este último rubro se faculta además a la Cofece para emitir opinión previa vinculante sobre las propuestas, además de requerir a los participantes el acreditar sus políticas de integridad corporativa.

Por último, se busca mejorar los mecanismos de vigilancia en la ejecución de los contratos. Se establece la obligación de que los entes públicos registren en tiempo real el seguimiento de la ejecución de los contratos; la puesta en marcha de auditorías externas e internas con base en riesgos, así como ampliar los alcances de la participación de testigos sociales y ciudadanos para monitorear el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos.

“Hemos visto cómo a través de diseños de bases de licitación puedes hacer que un concurso sea competido o en su caso dirigido. Queremos poner sobre la mesa temas de cómo evitar la colusión y cómo sancionarla de manera más severa a través de la inhabilitación”, comentó Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Cofece.

Valeria Moy, directora general del Imco, dijo que esta reforma es importante porque se trata de vigilar y cuidar el gasto de recursos que hacen los contribuyentes.

“La contratación pública representa en los países miembros de la OCDE alrededor del 13 por ciento del PIB (…) Lo que hemos visto que se hacen adjudicaciones directas cuando no es necesario”, añadió.

Por Everardo Martínez
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