Oaxaca. Oax.- Ayuntamientos y Comisariados de Bienes Ejidales y Comunales de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, exigen al gobierno de la 4T la cancelación de las concesiones mineras de Cuzcatlán.
En conferencia de prensa, señalaron que durante
el segundo día de actividades de la consulta indígena organizada por el Frente no a la minería por un futuro de todas y todos, reunidos en la comunidad zapoteca de San Dionisio Ocotepec en Asamblea General Regional, autoridades y representantes de cinco comunidades: El Vergel, Los Ocotes, San José del Progreso, San Nicolás Yaxe y San Dionisio Ocotepec, presentaron públicamente sus actas de asamblea de territorio prohibido para la minería y exhibimos las firmas de ciudadanas/os de las respectivas comunidades. Un día antes, el 10 de diciembre cinco comunidades más presentaron sus actas y firmas, por lo que el rechazo al proyecto minero es contundente.
Instalada la Asamblea multitudinaria, se informó a las y los ciudadanos sobre los 10 años de explotación minera, los efectos ambientales y sociales que la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, ha traído a las comunidades zapotecas del Valle de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, específicamente en San José del Progreso y Magdalena Ocotlán; siendo la primera comunidad el lugar donde se instaló la empresa sin información ni consulta alguna y en donde ha provocado el mayor daño con el asesinato de opositores y el rompimiento del tejido social; mientras que en la segunda, se han resentido los daños ocasionados por el derrame de las presas de jales que han contaminado los pozos que surten de agua potable a la comunidad.
Hasta el momento se nos ha negado el derecho, que como comunidades indígenas tenemos, de que nos sea proporcionada información clara y suficiente de las afectaciones ambientales que pudieran ocurrir si se aprueba la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aún cuando han solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) México, que dé a conocer los lugares donde ha operado la empresa minera realizando excavaciones y rellenos, ya que ésta situación afecta directamente al manto freático de las comunidades que se encuentran en la superficie, señalaron.
Como comunidades del Frente le decimos a la SEMARNAT que desde su legítimo derecho de libre determinación han informado a nuestros ciudadanos y ciudadanas de los efectos que la minería ha traído a nuestros territorios a partir de nuestras vivencias: sufrimos la imposición de la división comunitaria ocasionada por sus actos de compra de voluntades y corrupción de autoridades, violencia y muerte de nuestros hermanos defensores de derechos humanos, contaminación del agua de nuestros ríos y nuestros cultivos con el polvo que genera la minera, la disminución de los mantos freáticos por lo que cada día es más difícil la obtención de agua para nuestros cultivos y consumo humano.
Por lo qué denuncian a la SEMARNAT, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), por su propuesta de consulta expres que no preveía proporcionar información necesaria y suficiente para cumplir con la etapa de consulta previa y por haber cancelado su participación, ya que no fueron capaces de presentarse ante nuestras asambleas aduciendo falta de condiciones de seguridad. Ante su falta de compromiso y palabra, les anunciamos que nosotros sí respetamos los acuerdos que alcanzamos, porque somos comunidad congruente con la palabra e iremos a entregar los resultados de nuestra consulta. Por lo qué demandaran la negación de cualquier permiso ambiental que permita la explotación de plata y oro en la región (incluidas la MIA “actualización de obras y actividades” y la solicitud de ampliación de la MIA original), sino también denunciamos que la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, a través del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), presiona de diferentes formas para que se extienda su vigencia y pueda seguir operando. Además, denunciamos la actuación de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azael Santiago Chepi, Ángel Domínguez Escobar y la legisladora Yeidckol Polevnsky ya que realizan gestiones que favorecen los intereses de la empresa minera sin importarles poner en riesgo a las comunidades zapotecas.
Exigen a la SEMARNAT que sea denegada esta MIA. Exigen además al gobierno de la 4T la cancelación de las concesiones mineras.