Del mito a la justicia posible con la reforma judicial: José Artemio Zúñiga Mendoza
Con mirada crítica y una propuesta que interpela a fondo al sistema judicial mexicano, el jurista José Artemio Zúñiga Mendoza tomó la palabra en la Benemérita Universidad de Oaxaca para lanzar no un discurso de campaña, sino una interpelación institucional.
Su conferencia, titulada “Los retos de la justicia en México”, no se limitó a describir los males del aparato judicial: propuso rutas concretas para desmontar sus inercias y devolverle su función más elemental: impartir justicia.
Y es que no se puede soslayar una verdad incómoda: el sistema de justicia en México ha perdido legitimidad social. Los ciudadanos desconfían de sus jueces, no comprenden sus decisiones y, más grave aún, no encuentran respuestas cuando se enfrentan al poder. Zúñiga Mendoza, con la autoridad que le da haber transitado cada peldaño de la carrera judicial, lo resumió con crudeza: “Nos volvimos un poder cerrado, sordo y vertical. Los jueces ya no pueden hablar solo por sus sentencias”.
En tiempos de discursos vacíos, esta crítica no es un acto menor. Pero lo verdaderamente valioso de su intervención en Oaxaca es que no se detuvo en el diagnóstico. Presentó una visión estructural, moderna y realista de lo que podría ser una nueva arquitectura judicial mexicana, con el Tribunal de Disciplina Judicial como piedra angular.
El nuevo tribunal —si logra conformarse con perfiles técnicos y no con cuotas partidistas— sería mucho más que una instancia sancionadora. Tendría la misión de garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, transparencia y sentido de justicia. Pero también, y esto es clave, de respaldar a quienes lo hacen bien, protegiendo su independencia frente a presiones políticas o mediáticas.
Zúñiga entiende que no se trata solo de cambiar personas, sino de transformar estructuras. Por eso propone mecanismos innovadores, como certificaciones ISO 9000 aplicadas a juzgados, accesos digitales para evitar traslados inhumanos, e incluso un ombudsperson judicial que vigile los derechos humanos al interior del propio Poder Judicial. En un país donde se violan derechos en nombre del Derecho, esta figura es urgente y disruptiva.
Desde esta tribuna editorial, ponderamos el valor de un perfil como el de Zúñiga Mendoza. No solo por su trayectoria judicial, sino por haber renunciado a sus privilegios —incluida una jubilación garantizada— para apostar por una transformación institucional. Ese acto, poco común en una burocracia aferrada a sus beneficios, es una señal ética que merece reconocimiento.
El próximo primero de junio, la ciudadanía tendrá la oportunidad inédita de elegir, por primera vez, a quienes juzgarán a los jueces. No es una elección menor. Lo que está en juego no es solo la eficacia administrativa del Poder Judicial, sino su legitimidad democrática. Y ahí, el voto informado será el primer acto de justicia que la sociedad puede ejercer.
En un país donde la justicia ha sido más mito que realidad, propuestas como la de Zúñiga Mendoza nos recuerdan que otro Poder Judicial no solo es necesario: es posible. Y ya no hay tiempo que perder.
Editorial / MS