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No hay condiciones para reeditar el conflicto del 2006

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Si algo está claro en Oaxaca, quince años después del fallido desalojo del magisterio del zócalo capitalino, es que no hay condiciones para reeditar el conflicto político-social del 2006
A tres lustros del fallido desalojo y las pifias gubernamentales de la época, seudo normalistas operan de nuevo como quinta columna de grupos de poder que luchan por el control sindical y político en la Sección 22 de la CNTE.
A poco más de un mes de las elecciones, también Morena y su chiquillada partidista forma parte de esa disputa por el poder, donde también están en juego las alcaldías, diputaciones locales y federales, así como la gubernatura para el próximo año.
Desde endenantes, una vez consolidada la reforma educativa, en las mesas tripartitas, con la presencia de la SEP, el IEEPO, la CNTE y normalistas, avanzaron en las negociaciones y se cumplieron las exigencias del sector.
A través de la radio y las redes sociales se ha señalado ampliamente el interés del senador Salomón Jara y hasta la delincuencia organizada del Istmo de Tehuantepec de operar para desestabilizar Oaxaca.
También al dirigente de prensa y propaganda del magisterio, Wilbert Santiago, a quien se le identifica con grupos radicales del magisterio, se le señala de estar atrás de la estrategia del senador morenista y de los actos violentos que promueven los normalistas.
Por supuesto que 15 años después del conflicto del 2006 a grupos radicales y actores políticos que promovieron la confrontación de la población y el magisterio les interesa volver a editar una rebelión que, si bien benefició a unos cuantos, destruyó gran parte del tejido social y la vida económica de Oaxaca.
La lucha al interior de la Sección 22 también tiene que ver con el relevo de su dirigencia, la cual tiene un peso importante no sólo en decisiones políticas de primer orden, como los acuerdos directos con el gobierno federal, sino también influye en la CNTE de otras entidades.
Sin embargo, reeditar el conflicto del 2006 no es posible porque el gobierno estatal es aliado del magisterio y el próximo sábado recibirá el pliego petitorio de la Sección 22 del SNTE.
Los actos violentos provocados por sedicentes normalistas contrastan con la disciplina que existe en el sector educativo, sobre todo a un año de que se adoptaran las primeras medidas sanitarias y protocolos de salud para enfrentar la virulencia del Sars-Cov2.
Con todo y las limitaciones económicas y tecnológicas, cientos de miles de alumnos de educación básica y media, así como superior, reciben clases a través de las herramientas digitales, ante la imposibilidad de hacerlo de manera presencial.
Es decir, docentes y alumnos, obligados por las circunstancias de salud pública, mantienen los protocolos sanitarios.
No así los estudiantes normalistas que, en una abierta provocación, han saqueado oficinas, han violentado la tranquilidad e interrumpido las vías de comunicación, además de robar bienes y mercancías a comerciantes y transportistas.
Por si fuera poco, hasta del robo de la nómina de un sector del magisterio, han sido acusados.
La gota que derramó el vaso fue la agresión a periodistas que daban cobertura a sus manifestaciones.
Afortunadamente, con Alejandro Murat se ha privilegiado el diálogo, la construcción de acuerdos y consensos para garantizar la gobernabilidad que requiere la entidad.
La alianza que hizo su gobierno con el magisterio y los acuerdos con la Secretaría de Educación Pública, impidieron escenarios como los que vivía el sector educativo en el pasado.
Tampoco hay que descartar que el próximo año inicia el proceso de sucesión estatal en la gubernatura y no se harán esperar las embestidas de quienes pretenden gobernar Oaxaca, al amparo del gobierno federal.
Por lo pronto, habrá que ver cómo explica el magisterio y su dirigencia, a alumnos y padres de familia, a propósito del 1 de mayo, la radicalización de los normalistas, pues para todos es claro que al interior de la Sección 22 existen grupos radicales que ya en otras ocasiones los han utilizado como quinta columna para afectar no sólo al sector educativo y la economía, sino a la misma sociedad oaxaqueña.

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