Radiografía de una procuración de justicia fragmentada
En el corazón de los Valles Centrales, donde la justicia suele caminar más lento que la procesión de los santos, Oaxaca se presenta en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 como una entidad que carga más estructura que resultados. Al cierre de 2024, la Fiscalía General del Estado contaba con “33 unidades administrativas y agencias del Ministerio Público”, una cifra modesta frente a estados como Jalisco (363) o Guanajuato (310). Pero lo que importa no es la cantidad, sino el alcance.
La mayoría de estas unidades en Oaxaca son mixtas o generales, aunque se reporta la existencia de fiscalías especializadas en feminicidios, homicidios, violencia familiar, delitos sexuales, desapariciones y corrupción. Sin embargo, la especialización no garantiza eficacia. En Oaxaca, como en muchas entidades, la justicia se dispersa en ventanillas, pero se concentra en el escritorio del fiscal.
Oaxaca cuenta con una fiscalía especializada en feminicidios, pero los datos no revelan cuántos casos se han resuelto. Lo que sí sabemos es que, en 2024, se abrieron 38,043 carpetas de investigación en la entidad. De ellas, 42,160 fueron concluidas en la etapa inicial, y apenas 2,384 permanecen pendientes. A primera vista, parece un buen desempeño. Pero el número de carpetas no dice nada sobre la calidad de las investigaciones, ni sobre la justicia alcanzada.
El feminicidio en Oaxaca no es solo un delito: es una herida abierta. Las fiscalías especializadas existen, pero muchas veces carecen de personal capacitado, presupuesto suficiente o protocolos efectivos. La violencia de género se investiga con herramientas del siglo pasado, mientras las víctimas esperan justicia en silencio.
La entidad también cuenta con fiscalías para homicidios, robos, desapariciones y fraudes. Pero el volumen de carpetas abiertas no se traduce en sentencias. En 2024, Oaxaca registró 2,490 servidores públicos adscritos a la procuración de justicia, de los cuales el 61.3 % son hombres. La paridad aún es una promesa, y la perspectiva de género, una excepción.
En comparación con estados como Veracruz (3,369 servidores) o Baja California (3,358), Oaxaca opera con menos personal, menos presupuesto y más desafíos geográficos. La dispersión territorial complica la atención oportuna, y muchas agencias del Ministerio Público funcionan como islas desconectadas del archipiélago institucional.
Oaxaca reporta contar con una unidad de inteligencia y análisis criminal, integrada por 52 personas. La mayoría realiza funciones de análisis táctico (73.1 %) y de contexto (26.9 %), pero no hay claridad sobre el impacto real de estas labores en la resolución de delitos. La inteligencia existe, pero no siempre se traduce en estrategia.
En comparación, Guanajuato tiene 216 personas en su unidad de inteligencia, y el Estado de México, 164. La diferencia no es solo numérica: es estructural. Oaxaca necesita fortalecer sus capacidades analíticas para enfrentar fenómenos complejos como el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción institucional.
Durante 2024, Oaxaca inició 6,419 expedientes bajo mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC). La mayoría corresponde a personas adultas, aunque también se registraron casos en justicia para adolescentes. Estos mecanismos —conciliación, mediación, acuerdos reparatorios— son útiles, pero también pueden ser usados para maquillar cifras o evitar procesos judiciales más rigurosos.
En comparación, Guanajuato inició 23,306 expedientes, y Veracruz, 13,542. Oaxaca está en la media nacional, pero aún falta evaluar la calidad de estos mecanismos: ¿resuelven conflictos o los postergan?
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió 78,611 carpetas de investigación en todo el país. No hay desglose específico para Oaxaca, pero sabemos que la presencia federal en la entidad es limitada. La coordinación entre fiscalías estatales y federales sigue siendo un reto, especialmente en casos de delincuencia organizada, delitos contra periodistas y violaciones graves a derechos humanos.
La FGR cuenta con 525 personas en sus unidades de inteligencia, pero su impacto en Oaxaca es difuso. La justicia federal opera como un satélite: orbita, pero no siempre aterriza.
A nivel nacional, el sistema de procuración de justicia abrió 1,908,616 carpetas de investigación en 2024. De ellas, 1,612,446 fueron concluidas en la etapa inicial, y 253,742 en la etapa complementaria. Sin embargo, 2,397,281 procedimientos permanecen pendientes, lo que revela una sobrecarga estructural.
El presupuesto total ejercido fue de 50,764.9 millones de pesos, una caída del 0.8 % respecto al año anterior. La justicia cuesta, pero no siempre rinde. Las fiscalías estatales concentran el 95.9 % de las carpetas, mientras la FGR apenas atiende el 4.1 %. La descentralización es evidente, pero la coordinación sigue siendo una deuda.
Oaxaca no está sola en sus desafíos. Pero su geografía, su diversidad cultural y su historia de resistencia hacen que la justicia aquí tenga un sabor distinto. No basta con contar carpetas, unidades o expedientes. Hay que mirar el rostro de quienes esperan justicia, de quienes la ejercen, de quienes la defienden.
Este reporte, basado en los datos del INEGI, es una invitación a mirar más allá de los números. Porque en Oaxaca, como en todo México, la justicia también es el mejor termómetro para medir el bienestar de la sociedad.