La CEAV: víctima de la austeridad indiscriminada

Bajo el pretexto de hacerse llegar de más recursos para hacerle frente a la enfermedad, el gobierno morenista, una vez más, quiere pasar su filosa tijera indiscriminadamente en diversos rubros, uno de éstos es el de la atención a víctimas del delito, pasando por alto la protección de los derechos humanos.

Con las medidas de austeridad para la administración pública, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le recortó 75 por ciento de los recursos destinados a servicios generales, materiales y suministros; por lo que esta semana presenté un punto de acuerdo mediante el cual exhorto al gobierno federal a reconsiderar dicha acción, pues, de lo contrario, se volverá inoperante.

Les cito unos cuantos ejemplos de la gravedad del asunto: sin estos recursos no le será posible a la Comisión pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de la totalidad de sus oficinas.

Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, quienes quedarán en la indefensión, completamente vulnerables.

El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar nueve mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a sus audiencias. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.

La reducción de 30 por ciento de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.

Tampoco se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de cinco mil víctimas al mes y las siete mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país. Es una medida inhumana.

Antes de quitarle dinero a un área tan sensible y prioritaria, en un momento donde la pandemia ha potencializado la crisis social de la violencia hacia las mujeres y la inseguridad en general, deberían reconocer su relevancia.

La CEAV tiene un papel fundamental para garantizar los derechos humanos en caso de violencia política como el que está sufriendo la regidora de Chiapas, Adriana Guillén, así como de delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata.

Una cosa es cierta, cualquiera de nosotros podemos ser víctimas en algún momento de nuestras vidas.

Es por eso que, hoy, se vuelve indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos presente a las y los diputados federales un informe detallado del impacto presupuestal de su supuesta medida de austeridad, así como las medidas de compensación a fin de realizar un análisis profundo.

El gobierno de México debería de dotar a la CEAV de más recursos para fortalecerla y que pueda atender al creciente número de víctimas que deja esta violencia que nos desangra, pero, en lugar de ello, intenta desmantelarla con sus absurdas decisiones.

Una vez más, hacen gala de su desconocimiento y falta de empatía con el dolor de cientos de miles de familias en Veracruz y en México.

POR ANILÚ INGRAM VALLINES

DIPUTADA FEDERAL

@ANILUINGRAM

eadp